En un comunicado, el sindicato que lidera José María Fidalgo explica que este proyecto debe servir además "para recuperar el papel social del suelo, a partir de su uso como bien público sujeto al interés general y con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la vivienda digna para todos los ciudadanos".

Por ello, propone una decidida lucha contra la especulación de terrenos, reforzando los controles que impidan su venta especulativa, "de manera que el valor se establezca en función de lo que hay y no de lo que el plan urbanístico dice que puede llegar a haber en el futuro".

Asimismo, se deberán asegurar los destinos de suelo para vivienda protegida, fijándose un porcentaje mínimo de reserva de suelo para vivienda protegida e incrementando el de los terrenos que los promotores están obligados a ceder a los ayuntamientos para destinarse a dotaciones o pisos protegidos.

Finalmente, el sindicato solicita que se refuercen los controles públicos para vigilar la sostenibilidad de las ciudades, mediante la exigencia en los nuevos desarrollos urbanísticos, de informes que garanticen la existencia de recursos hídricos suficientes, infraestructuras para la depuración de aguas residuales, así como otras infraestructuras de carácter social.