En un comunicado, CCOO considera una "profunda ilicitud" la utilización "arbitraria" de fondos públicos y una "grave injerencia" en el derecho constitucional a la libertad sindical la aportación de 151 millones de euros a UGT.

El sindicato que lidera José María Fidalgo apunta que esta norma "nace de la irresponsabilidad y mala fe del Gobierno por precipitar una iniciativa de devolución del patrimonio histórico que, según su propia Memoria Económica, no está en condiciones de acreditar documentalmente".

CCOO ve "más que sospechosa" la conducta del Gobierno y cree que su negativa a tramitar la norma como proyecto de ley "muestra la incapacidad explícita" del Ejecutivo "para acreditar documentalmente lo que legal y éticamente le sería exigible".

Este hecho "abunda en la falta de transparencia y oscurantismo con la que preparó la iniciativa, lo que convierte al Ejecutivo en impulsor de una subvención multimillonaria a una organización sindical".