Alrededor de 1.600 personas son contratadas por estas fechas para desarrollar labores de asesoramiento a los contribuyentes en su declaración de la renta. Comunidades autónomas y ayuntamientos colaboran con la Agencia Tributaria para facilitar esta labor.

Sin embargo, CCOO denuncia que la precariedad laboral y la limitada formación que se les presta puede conllevar perjuicios a los contribuyentes.

"A nuestro juicio", declaró Albalat a Servimedia, "no se debería consentir que alguien contratado con una formación escasa sea capaz de ocasionar trastornos a veces muy graves a los administrados; hablamos de embargos, por ejemplo".

Precisamente, la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid presentó hoy las oficinas propias y de varios ayuntamientos que colaborarán con la Agencia Tributaria durante la campaña de renta de este año. Una situación que se repite en otras comunidades autónomas.

En ellas, personal formado tanto por la Hacienda madrileña como por la Agencia Tributaria ayudarán a los contribuyentes en su declaración anual.

El delegado especial de la Agencia Tributaria en la Comunidad de Madrid, Luis Cremades, aludió en rueda de prensa a esta cuestión y afirmó que "la formación es una preocupación prioritaria" del departamento que dirige, "más en este tipo de cuestiones y dado que es un servicio que se presta no sólo por funcionarios de la Agencia Tributaria sino que también es personal contratado".

En cualquier caso, indicó, hay unos coordinadores en cada una de las oficinas "que en un momento dado suplen dudas de mayor nivel. Hay un segundo nivel de cobertura, de personas más preparadas, de funcionarios que llevan un tiempo en este tipo de labores".

CCOO denuncia que a estas personas se les ofrece el llamado contrato de circunstancias de producción, "gente que lleva hasta diez años" en esas condiciones laborales, campaña tras campaña.

Precisamente, este sindicato fue el primero, y hasta ahora el único, que ha denunciado esta práctica laboral de la Agencia Tributaria y cosechado, por este motivo, unas 450 sentencias favorables de juzgados de lo social en todo el territorio nacional.

"Hemos hecho una campaña, cuya última parte ha consistido en denunciar globalmente, por la vía contencioso-administrativa, todo contrato que se hace. Creemos que se puede ganar y se haga a todo los empleados fijos discontinuos", señaló Albalat.

PROTECCIÓN DE DATOS

Otro problema añadido para el contribuyente, según CCOO, es que, de acuerdo con la vigente Ley General Tributaria, de julio de 2004, en el caso de que el asesoramiento se produce por vía telefónica, "si la persona que está atendiendo el teléfono se equivoca en algo, el que al final va a pagar las consecuencias de ese error es el sujeto tributario", pues se da validez total a la comunicación habida entre ambas partes.

Esto supone un riesgo para el usuario, según el dirigente sindical, cuando resulta que su comunicante en la Agencia Tributaria es una persona que "tiene un mes de formación escaso, porque no todos los días son lectivos, por lo que suelen ser quince días".

Es con respecto a estos trabajadores contratados, los que prestan asesoramiento en nombre de la Agencia Tributaria a través del teléfono, los que centran otra campaña de CCOO al ser un servicio que ha sido externalizado.

La atención telefónica "se hace por medio de empresas privadas que contratan como ellos creen entender, se les da un curso de formación y son las personas que atienden a la renta telefónicamente. Cuando tú llamas para hacer el Programa Padre o cualquier tipo de cuestión te atienden ellos. Es gente cuya formación es escasa", reitera Albalat.

Además, advierte, "a estas personas se les ofrece las bases de datos tributarios. Porque si tu llamas diciendo que te has comprado un piso o eres accionista de una sociedad esta persona tiene que comprobar esos datos. Eso está denunciado en la Agencia de Protección de Datos y un juzgado, que aún no han resuelto", comentó.