“La forma estructural de abaratar el acceso a la vivienda no pasa por subvencionar a los inquilinos el precio de un alquiler que se eleva, sino por regular el mercado del alquiler, limitando los precios máximos en las zonas tensionadas, al tiempo que se va constituyendo y ampliando un potente parque público de alquiler asequible”, afirma CCOO.

Asimismo, destaca que las ayudas al alquiler, como las bonificaciones fiscales, “a priori mejoran la capacidad de pago de las personas que demandan una vivienda, pero si no se actúa sobre la oferta de vivienda, regulando la existente y/o aumentando la oferta asequible, lo más factible es que la mayor parte de estas ayudas acaben en un incremento de los precios, sabedora la persona arrendataria de la mayor capacidad de pago de la demanda”.

En este sentido, augura que esta medida tendrá un “potencial inflacionista” que hará que los precios del alquiler se concentren en los precios máximos para percibir las ayudas (600 euros de base y 900 en las comunidades que así lo decidan).

LIMITACIÓN TEMPORAL

Además, recuerda que el ‘bono joven’ es una ayuda limitada en el tiempo (máximo dos años), que no ofrece un apoyo continuo en el medio o largo plazo a la población joven.

Por otra parte, CCOO señala que el bono aprobado por el Gobierno está dotado con 200 millones para 2022, lo que supone que se puede atender a 66.666 ayudas de 250 euros mensuales al año. A juicio de la organización sindical, esta cifra apenas cubre una “parte pequeña” de la población joven que reside de alquiler, ya que en 2019 había 3.447.000 personas jóvenes emancipadas.

“La efectividad de las medidas aprobadas está condicionada a la existencia de otras que favorezcan el control y transparencia de los contratos de alquiler y que minimicen los riesgos de elevación de precios”, añade CCOO.

En esta línea, subraya que la obligatoriedad de inscribir los contratos de alquiler de vivienda en un registro público donde queden reflejadas las condiciones contractuales y la concesión de estos bonos de ayuda a inquilinos y propietarios que alquilen las viviendas mediante bolsas públicas de alquiler (u otros mecanismos similares) reducen la discrecionalidad, “aumentan la transparencia y reducen las posibilidades de sobreprecios en los alquileres”.