El origen de esta polémica está en la revision del IPC realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que situó la inflación del pasado año en el 5,3 por cien, y no en el 5,4, como en un principio se había creído.

Como consecuencia de esta revisión, las empresas empezaron a actualizar salarios del año pasado aplicando un IPC del 5,3 por cin, lo que les permitía un ahorro de unos 6.000 millones de pesetas respecto al 5,4 inicialmente previsto.

Ahora, el INE ha remitido a CCOO una certificación en la que constata que el IPC de 1992 no fue del 5,3, sino del 5,347 por cien, es decir, 47 centésimas más de lo que la patronal está aplicando, lo que supone para los empresarios desembolsar a sus trabajadores 3.000 millones de pesetas más de los previstos.

Para evitar un malentendido aún mayor, CCOO ha solicitado al INE que en las certificaiones que remita a las diferentes provincias españolas incluya los tres decimales correspondientes, evitando de esta manera que los empresarios puedan acogerse a indicaciones anteriores no oficiales.