En el último altercado, sucedido el pasado lunes, dos presos de la zona de aislamiento amenazaron a un funcionario y posteriormente intentaron fugarse, tras acceder al tejado. El 25 de junio, losmismos reclusos protagonizaron hechos similares, que también les permitieron llegar al tejado de la prisión.

CCOO culpa de esta "caótica" situación al excesivo aumento de la población interna y a la escasez de empleados, "lo que genera agresividad y conflictividad, que repercute en la deficiente seguridad de internos y trabajadores penitenciarios".

Según el informe de la central sindical, la cárcel de Pereiro no reúne las medidas de seguridad necesarias para acoger a internos de primer grado y "pobada peligrosidad".

En consecuencia, Comisiones solicita la reforma del Código Penal y del Reglamento Penitenciario, con el fin de potenciar las alternativas a la prisión.

El sindicato es partidario de aplicar el tercer grado (mayor permisividad) a los internos que acepten el tratamiento penitenciario, y el endurecimiento de la pena y régimen, así como el aislamiento y control en centros adecuados, para los reclusos que extorsionen y coaccionen a los demás, impidiendo el normal funcionamiento dela vida penitenciaria.

DEFICIT DE PLAZAS

Recientemente, el Ministerio de Justicia reconoció, en respuesta a una pregunta parlamentaria, la falta de 4.600 plazas para poder acoger a los 26.924 reclusos existentes en el país, sin contar las carencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tiene transferidas estas competencias.

Desde que en 1980 entró en vigor la Ley Orgánica General Penitenciaria, siempre hubo más reclusos que celdas, aunque desde 1986 el desfase se agudiza progresivamente. Seún datos oficiales, a finales del año pasado había 10.857 presos preventivos y 15.605 penados en las cárceles españolas.

El Consejo de Ministros del pasado 28 de junio aprobó un plan del Ministerio de Justicia que prevé la creación de nuevos centros penitenciarios, para hacer frente al déficit actual de plazas.

Con el nuevo plan, el Gobierno espera contar con 20.500 nuevas plazas en 1997. El coste global del proyecto está estimado, según el Ministerio de Justicia, en 30.000 millones de pesetas. Para su financiación, el Gobierno aseguró que no iba a incrementar los actuales presupuestos, sino que empleará los fondos procedentes de la amortización de los centros que van a ser sustituidos, cuyo valor patrimonial es de, aproximadamente, 50.000 millones de pesetas.