Los consejeros de estas autonomías (Andalucía, Castilla-L Mancha, Extremadura, Baleares, Aragón y Asturias) remitieron una carta al ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, en la que demandan la "urgente" convocatoria de las comisiones mixtas de transferencia de competencias, tal y como acordaron todas las comunidades en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.

El consejero andaluz, Isaías Pérez Saldaña, explicó a los periodistas que, si la Ley entra en vigor el 13 de enero de 2001, como está previsto, esta normativa se convertirá "en un frude", puesto que las comunidades autónomas no disponen ni de dinero, ni de centros especificos, ni de personal especializado para atender a los menores que han sido condenados.

Estas comunidades autónomas cifran sus necesidades en 27.000 millones de pesetas, de los que el 30% se destinaría a la construcción de centros para acoger a los menores condenados por ley.

De esa cantidad, 14.000 millones corresponderían a los gastos previstos por Andalucía, que por razones de superficie, población y situaión geográfica (es la entrada natural de inmigrantes ilegales) tendrá unas necesidades mucho más cuantiosas que el resto de las comunidades autónomas.

Castilla-La Mancha evalúa el montante que necesita en 3.484 millones de pesetas, mientras que Baleares pide 2.800 millones, Extremadura 2.500 millones, Asturias 2.200 millones y Aragón 2.190 millones de pesetas.

Las comunidades autónomas socialistas acordaron además dirigirse a los partidos políticos parlamentarios y a las cámaras regionales para qe tramiten proyectos de Ley en los que soliciten la moratoria. También tratarán de recabar el apoyo del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).

IRRESPONSABILIDAD

Pérez Saldaña precisó que estas autonomías comparten totalmente el espíritu y el contenido de la Ley, por lo que "no hay problema de confrontación ideológica", pero acusó al Gobierno de haber cometido una "barbaridad" y una "irresponsabilidad" por no hacer efectivas las nuevas competencias.

El consejero andaluz recordó que las comuniades autónomas tienen la obligación de construir centros cerrados, semiabiertos, de día y terapéuticos para atender a estos menores, y que tienen que estar preparados para aplicar medidas reeducativas. Además, como en muchos casos son los tutores legales de los jóvenes, tienen que suscribir un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a posibles problemas.

El consejero de Castilla-La Mancha, Tomás Mañas, puso de manifiesto que el Gobierno no se ha dirigido todavía a ellos para resolver este prblema, a pesar de las resoluciones tomadas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. Su colega asturiano, José García, añadió que el resto de las comunidades autónomas también comparten esta inquietud.

Las autonomías socialistas estiman que el coste en centros adecuados, mantenimiento del menor, psicólogos, educadores y pedagogos asciende a 35.000 pesetas diarias por cada joven, mientras que el Gobierno rebaja esta suma a 5.000 pesetas diarias, por entender que el desembolso es el mismo que el el internamiento en centros penitenciarios.