Durante las negociaciones de las transferencias, en el cálculo del coste efectivo de cada una de las CCAA ya fueron tenidos en cuenta los fallos judiciales que pudieran producirse durante el ejercicio, además de los atrasos salariales y otros elementos "de política de recursos humanos o de sentencias de carácter patrimonial", añadió.

Bonet argumentó que, dados los múltiples recursos que pueden plantearse en los procesos judiciales y que alargan en el tiemp estos contenciosos, "sería absurdo" pensar que el Insalud sólo se mantendría para responder en estas situaciones.

Además, añadió que no sólo se han transferido presupuestos, sino personal y letrados, lo que obligaría al Insalud, si tuviera que personarse, en estos procesos a contratar abogados para seguir con los procedimientos abiertos en cada comunidad.

El resto de acuerdos firmados por esta institución se subrogan, como el suscrito en marzo del año pasado por el Ministerio de Sanidad y Consum y el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), que perseguía mejorar el acceso de las personas discapacitadas a los servicios de salud.

Bonet considera que acuerdos como éste son imprescindibles para mejorar la atención sanitaria a los ciudadanos. "Los pequeños avances de la sociedad se producen gracias a la insistencia de los colectivos, y lamentablemente, seguirá siendo así", añadió.

Por contra, reconoció que un sector "tan tecnificado" como éste ofrece muchos problemas para inorporar a las personas discapacitadas como trabajadores, aunque, en su opinión, "serían un buen estímulo en determinadas unidades".