En la exposición de motivos, el PP recuerda que, como conseuencia de la aprobación de la Ley de Conservación de Espacios Naturales de Flora y Fauna Silvestre de 1.989, las comunidades autónomas han procedido a la ordenación de la caza en sus respectivos territorios.

Según el PP, los textos autonómicos promulgados presentan disparidades justificadas en algunos casos por las diversas condiciones del medio natural de las autonomías españolas, pero "en otros casos las diferencias que se aprecian en la normativa legal responden más a criterios políticos que técnics".

Para el PP, es evidente que esta disparidad normativa supone un inconveniente para la práctica de la caza, por lo que considera imprescindible entablar un diálogo entre las comunidades autónomas para homogeneizar, en la medida de la posible, las diferentes legislaciones autonómicas.