Según señala el informe sobre "Aguas residuales industriales" elaborado por la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, de los 60.000 vertidos directos a cauces, unos 10.000 corresponden a industrias.

Un 22 por ciento de los vertidos directos totales tienen algún tipo de autorización y sólo un 5 por ciento cuentan con autorización definitiva.

José Ramón Fernández Tejada, responsable del Departamento de Medio Ambiente de la consultora Ténicas Reunidas, declaróhoy, en la presentación del informe, que en el resto de los casos la inmensa mayoría de los vertidos se realizan sin someterse a un tratamiento previo de depuración.

El documento de la Fundación Cotec analiza la situación en la que se encuentran cuatro sectores industriales en lo que se refiere a depuración de sus aguas residuales: siderurgía, textil, química básica y papel y cartón.

Según este análisis, estos sectores necesitarían una inversión total superior a los 26.000 millones de pesetas par adaptarse a las legislaciones nacionales y comunitarias que regulan esta actividad. Si la estimación se extiende a todos los sectores industriales, las inversiones que se precisarían se acercarían al medio billón de pesetas.

Sin embargo, el documento destaca el alto nivel de España en tecnología de depuración, por lo que achaca la todavia escasa implantación de estas técnicas a la falta de inversiones.

Emilio Ramírez, coordinador del informe y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, sealó que España no podrá adaptarse a la directiva sobre aguas residuales de la UE en los plazos previstos, ya que obliga a instaurar sistemas de tratamiento en los núcleos urbanos con más de 2.000 habitantes antes del 2005.

A su juicio, "el tema de la depuración ha sobrespasado a la Administración, que no tiene recursos humanos y ecónomicos suficientes para hacerle frente".

Asimismo, destacó las dificultades que tendrá España para adaptarse a la directiva sobre Prevención y Control Integrados de l Contaminación (IPPC), que entra en vigor el próximo 31 de octubre, como consecuencia de las rigurosas condiciones ambientales que impone a las empresas.