Martínez hizo estas declaraciones en el 33 Congreso Nacional de la Enseñanza Privada de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), organizado en Barcelona con el fin de abordar el proyecto de la LOE, que está a punto de iniciar su trámite parlamentario.

El catedrático indicó que la definición de la educación como servicio público que establece el proyecto de ley "no cabe en la Constitución", porque "el poder público no es educador y la educación no se puede reservar al Estado". En su opinión, es mucho más acertada la definición de la educación como servicio de interés general, como establecía la Ley de calidad (LOCE) aprobada por el Gobierno del PP en 2002.

"Si el Estado educa es porque no hay suficiente iniciativa social", indicó Martínez, quien precisó que los poderes públicos deben garantizar que el derecho fundamental a la educación se cumpla para quienes no tienen recursos, sin imponer su criterio a toda la sociedad.

El catedrático agregó que también puede ser inconstitucional el tratamiento que la Ley de Educación hace de la admisión de alumnos, ya que establece comisiones de escolarización que intervendrán en el reparto de alumnos entre unos centros y otros.

"La regulación de las condiciones de admisión en un centro concertado sólo puede ser regulado por ley orgánica y no se puede deferir a la administración la potestad de establecer esas condiciones", subrayó.

RELIGION

En relación con la asignatura de religión, el catedrático apostó por la puesta en marcha de una materia que aborde la cultura religiosa, con modalidades para las distintas confesiones y sin la necesidad que se imparta todos los cursos.

De esta forma, se respetarían los acuerdos con la Santa Sede y no se vulneraría la Constitución Española. Además, aseguró que el Consejo de Europa ha recomendado en repetidas ocasiones que se forme a la gente en la religión, con la pretensión final de conseguir un mayor tolerancia. "Justo lo contrario de lo que parece pretender este proyecto de ley", apostilló.

Por último, criticó que los profesores de religión pasen a ser empleados de sus respectivas confesiones, en lugar de trabajadores públicos como hasta ahora. "Si ya estaban marginados, ¿qué va a pasar ahora?, se preguntó. Por otra parte, dijo que "no tiene ningún sentido" someter el proyecto educativo de un colegio privado al consejo escolar del centro, ya que es una competencia exclusiva del titular del centro