A partir de esa revisión al alza en uno de los módulos que forman el valor catastral, los ayuntamientos tienen "la responsabilidad", según el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, de acompasar estas medidas de revisión catastral al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que abonan los propietarios.

Para ello, desde que entre en vigor la nueva orden ministerial, los ayuntamientos cuentan con un margen de 10 años paraadecuar sus impuestos al impacto de la revisión catastral, con el objetivo de "minimizar" y "paliar" los efectos sobre los contribuyentes de incrementos relevantes del valor catastral, según Hacienda que, no obstante, afirma que el reajuste no debe suponer un aumento impositivo.

Para el Gobierno, esta revisión catastral supone una más de las que se realizan periódicamente con los valores catastrales, como se ha efectuado ya en los años 1993, 1995 y 1998.

Además, Hacienda recuerda que la revisión e valores catastrales se complementa con otras medidas que impiden el aumento de impuestos, tales como que la vivienda habitual ya no tributa en el IRPF o que cuenta con una exención de hasta 25 millones de pesetas en el Impuesto sobre el Patrimonio.

España cuenta con 26 millones de inmuebles, de los que un 6% revisa cada año su valor catastral. Desde 1993 hasta el 1 de enero de 2000 se ha procedido a la revisión de 2.153 municipios, que representan el 53% de los inmuebles. La nueva medida podría afecar al restante 47%.