La Generalitat considera en un comunicado que las dos órdenes aprobadas por el antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que regulan la convocatoria podrían contravenir el Estatuto de Autonomía.

Por este motivo pide la derogación de las mencionadas disposiciones para que sea el Gobierno catalán y no el español quien gestione la concesión de las subvenciones.

Las dos órdenes contra las que se ha autorizado la interposición de los recursos fueron aprobadas por el antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y publicadas en el BBOE el 21 de febrero y el 6 de marzo.

En éstas se fijan las bases de la convocatoria de las ayudas a cargo del 0,52% del IRPF para programas de cooperación y voluntariado, acogida e integración de personas inmigrantes, juventud, políticas de género, servicios sociales, menores y promoción de las familias.

El Gobierno considera que las bases reguladoras podrían contravenir lo que establecen los artículos 110, 114, 138, 142, 153 y 166 del Estatuto. Estas disposiciones atribuyen la competencia exclusiva a la Generalitat en las materias objeto de la subvención.

Por esta razón, el Gobierno catalán considera que las dos órdenes se tienen que considerar nulas y autoriza su impugnación. El objetivo es que sea el Gobierno catalán y no el español quien gestione este dinero del IRPF.