Capdevila trasladó su preocupación por esta cuestión en el encuentro que mantuvo en Madrid con la ministra de Educación, Política Social y Deportes, Mercedes Cabrera, a quien le confesó que "las prisas por implantar esta ley nos ha ocasionado muchos problemas".

Para Capdevila, el problema principal es las estimaciones que se hicieron en su día "están muy por debajo de la realidad que tenemos", no sólo Cataluña, también el resto de comunidades autónomas.

En el caso catalán, explicó a los periodistas tras su reunión, "nos movíamos en una horquilla de 30.000 a 35.000 grandes dependientes y sólo en 2007 hemos valorado unos 46.000".

A su juicio, eso condiciona toda la previsión presupuestaria de esta ley por lo que "he pedido una revisión porque en los próximo años ni Cataluña ni ninguna comunidad podremos hacer frente a los gastos de la ley".

Otro dato que trasladó a la ministra es que la ley fija que el Estado corre con el 30% del presupuesto global y el resto las comunidades, pero sólo en Cataluña, al cierre de 2007, "la aportación no superó el 27%".

De este modo, de acuerdo con las cuentas que hace Acción Social, de aquí a 2015 "si no hay una modificación del presupuesto" la aportación estatal podría quedar reducida a un 18 o 19%.

Por otra parte, la consejera catalana reclamó a la ministra para Cataluña la gestión de la recaudación del dinero por IRPF para fines sociales. "El retorno de este dinero está congelado en Cataluña dese 1999", recordó Capdevila, que subrayó que se trata de "una competencia exclusiva de Cataluña".