La Generalitat pide o la derogación o la no aplicación directa en Cataluña de los artículos 6, 7, 11.2, 13.5 y 13.6, así como la Disposición final primera y los anexos Y, II e III del Real decreto.

El Ejecutivo catalán ha decidido presentar el requerimiento de incompetencia una vez visto el informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat y a propuesta del consejero de Educación.

Según este informe, el Real decreto no se ajusta a la exigencia prevista en el artículo 111 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que establece a todos los efectos el rango de ley para la determinación por el Estado de la normativa básica en materias competenciales compartidas.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que la Ley orgánica de educación es anterior al Estatuto de Autonomía, la Generalitat entiende que la adaptación del ordenamiento a los nuevos condicionantes formales y procedimentales requiere de un periodo de adaptación.

Aún así la Generalitat aprueba el requerimiento de incompetencia en relación a los artículos 6 y 7 del Real decreto y de los anexos I e II que fijan competencias básicas, objetivos, contenidos y criterios de evaluación entendiendo que establecen unas previsiones que exceden el ámbito de la regulación básica estatal de las enseñanzas mínimas puesto que piden un número de horas que, para el Gobierno catalán, sobrepasa "notablemente" el 55% del horario escolar que puede fijar el Estado.