Boada subrayó que "una sociedad democrática como la nuestra es incompatible con los símbolos fascistas enaltecedores de la dictadura".

El inventarios se elaborará en colaboración con Adigsa (del Departamiento de Medio Ambiente y Vivienda) y la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat de Girona.

La previsión es que esté terminado aproximadamente en un año. La historiadora Pilar Mateo, autora del inventario de simbología franquista en la ciudad de Barcelona, coordinará los trabajos.

El objetivo del estudio es facilitar la aplicación del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica estatal, que insta a las administraciones públicas a tomar "medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la insurrección militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

Sobre la ley, Boada reclamó al Gobierno Central que desarrolle el texto con un reglamento que responda "fielmente al espíritu de la ley y facilite al máximo la consecución del objetivo que se recogía".