Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, el director del Servicio Catalán de Ocupación (SOC), Francesc Castellana, explicó a Servimedia que valoran positivamente el incremento de los fondos de formación destinados a las comunidades, que ya suponen el 50% del total, pero exigió que este porcentaje se incremente.

En concreto, la Generalitat catalana quiere que se cumpla esa sentencia del Constitucional y que se le reconozcan a las comunidades todas las competencias en materia de formación que se circunscriban a su ámbito territorial.

No obstante, Castellana admitió que alcanzar el 50% de la gestión de los fondos para formación "es un primer paso para cumplir con la sentencia".

Por su parte, la consejera de Empleo de la Xunta de Galicia, Belén Prado, fue mas allá, y exigió que las administraciones autonómicas gestionen el 100% de los fondos para formación continua de los trabajadores.

La consejera gallega considera que la sentencia del Tribunal Constitucional avala esas pretensiones de que las comunidades gestionen la totalidad del presupuesto, algo que rechaza el Gobierno.

El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, reconoció que el incremento de los fondos autonómicos supone "un paso muy importante" para reconocer la competencia a las comunidades en la materia.

Sin embargo, Gómez defendió que es necesario que la Administración central cuente con parte del presupuesto para formación, ya que debe financiar las actividades de formación que se realicen en más de una comunidad autónoma.