Desde 2004 la Agencia Catalana del Consumo ha impuesto multas a empresas de este sector por un valor total de 50.100 euros. Las infracciones más comunes han sido por negarse a suministrar la documentación y la información solicitada por la inspección de consumo y por facilitar publicidad o información engañosa a los ciudadanos.

Por ejemplo, comprometerse a devolver el dinero en caso de que el recurso no prosperara u ofrecer asesoramiento gratuito mediante un teléfono de tarifación adicional.

Ante las irregularidades detectadas en estas empresas que tramitan recursos contra multas, el Departamento de Trabajo e Industria ha decidido dar respuesta con un decreto específico que permita regular e intensificar el control del sector.