Durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso para exponer su visión sobre la ley, Figueras dijo que es un "gran avance" que se lleve adelante en el conjunto del Estado y que éste se implique desde el punto de vista económico y garantizando derechos de naturaleza básica.

No obstante, la consejera se refirió a un informe elaborado por el Gabinete Jurídico de la Generalitat, en el que se pone de relieve que la nueva ley podría invadir competencias autonómicas en alguno de sus aspectos, por lo que el Ejecutivo catalán va a remitir una carta al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para intentar subsanar esa cuestión.

En concreto, Figueras explicó que uno de los aspectos que menciona el citado informe es el hecho de que el Consejo Territorial pueda tomar decisiones de manera multilateral respecto al catálogo de servicios que han de prestarse a las personas dependientes, cuando éstos son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

"Es en la definición del segundo nivel de cobertura donde se encuentran los aspectos quizá un poco discutibles del nuevo proyecto de ley desde el punto de vista competencial. Podría ser cuestionable el papel que el Consejo Territorial tendrá en la definición del conetnido del nivel intermedio de protección y que se reflejará posteriormente en los convenios con cada una de las comunidades autónomas", indicó.

Por otro lado, la titular autonómica de Bienestar y Familia señaló que si lo que se quiere es que la atención universal a la dependencia sea hoy por hoy una realidad en España, el copago es inevitable. "Esto no significa que renunciemos a la gratuidad del sistema a largo plazo", aclaró.

En cualquier caso, recalcó que "estamos ante un proyecto de ley que supondrá una revolución para nuestros actuales sistemas de cobertura social" y se mostró convencida de que el trámite parlamentario permitirá solventar los problemas competenciales detectados.

En este sentido, Figueras destacó la necesidad de acabar de definir un baremo que contempla, además de las especificidades de las personas mayores, las características de los discapacitados y enfermos mentales.

Por su parte, la diputada del PP Lourdes Méndez resaltó que este proyecto de ley vulnera el espíritu del Pacto de Toledo, ya que se alcanzan acuerdos con los agentes sociales dejando al margen a los grupos parlamentarios, y expresó el deseo de su formación política de llegar a un "gran consenso".

Carles Campuzano, diputado de CiU, puso de relieve la "inconstitucionalidad" del proyecto de ley en relación al reparto competencial y expresó sus dudas respecto a la suficiencia financiera del sistema propuesto y al modelo de política que se configura.