La nueva normativa nace "de la necesidad de mejorar una situación ambigua con respecto a la atribución de responsabilidades en los diferentes niveles de la Administración, una dotación insuficiente de recursos públicos para financiar los servicios necesarios, una coordinación débil entre las administraciones y entidades privadas gestoras de servicios sociales en Cataluña y una prestación de servicios muy centralizada y burocratitzada", según explica en una nota la Generalitat.

Entre otras novedades, la futura ley establece que todas las personas y familias que acudan a los servicios sociales tendrán asignado un profesional de referencia, que les orientará en todas las gestiones que necesiten a lo largo de su vida. Este profesional les avisará cuando deban hacer un nuevo trámite o haya entrado en vigor una nueva ayuda o servicio.

Del mismo modo, las personas con grave situación de dependencia física podrán elegir entre seguir viviendo en su casa con ayuda a domicilio profesional, vivir en un centro residencial, o bien disponer de un asistente personal que le facilite la organización de su vida, según su elección, con el objetivo de que gane autonomía personal.

El Parlamento catalán aprobará anualmente la Cartera de Servicios conjuntamente con la Ley de Presupuestos.

Será la primera ley en todo el Estado que garantizará una cartera de servicios por ley, con un modelo equivalente al de salud o educación.