El proyecto prevé que las exhumaciones sólo se puedan realizar a petición de los familiares de los desaparecidos o de entidades sin finalidad de lucro dedicadas a la investigación o la recuperación de la memoria histórica.

Se calcula que hay más de 170 fosas de ese periodo histórico en Cataluña, la mayoría de soldados anónimos. Una comisión asesora formada por expertos y la Dirección General de Memoria Democrática estudiarán las peticiones de apertura de las fosas y, en caso de aprobación, el Gobierno asumirá el coste de las exhumaciones.

La futura ley "es pionera en el Estado y emana del artículo 54 del Estatuto de Autonomía y de la moción del Parlamento aprobada por unanimidad el 2003, en que se instaba al Gobierno a dignificar las fosas comunes", según detalló el Gobierno catalán.

El principal objetivo del texto es "reconocer la dignidad de las personas desaparecidas, hacer efectivo el derecho de los familiares a obtener información sobre el destino de sus parientes, a la señalización del lugar de enterramiento y, si procede, a la recuperación de los restos".