Según ha explicado el vicepresidente del Gobierno, Josep-Lluís Carod-Rovira, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, "esta es la primera ley que regulará los aspectos lingüísticos de una lengua de signos, en un cuerpo normativo propio y diferenciado de la normativa sobre accesibilidad de las personas sordas".

El texto, que desarrolla el Estatuto, regula varios aspectos de la lengua de signos, como el aprendizaje, la docencia, y la acreditación profesional para su interpretación.