La nueva ley, según destacó en una nota el Gobierno que preside Pasqual Maragall, permite afrontar, de manera global y por primera vez, todos aquellos aspectos que garanticen el acceso a la vivienda, como por ejemplo la construcción promoción, gestión, habitabilidad, conservación y rehabilitación, y las garantías a los consumidores.

Asimismo, crea un Registro de Solicitantes "transparente y eficaz" para las viviendas protegidas. Pero, como eje más visible de la ley destaca la definición de la función social de la vivienda, puesto que "permite incorporar aspectos innovadores que reflejan la realidad social como el acoso inmobiliario, la subocupación y la sobreocupación de las viviendas, o la degradación física de las mismas.

La propia Generalitat subraya que con titulando la ley de de este modo, del Derecho a la Vivienda", lo que pretende es "mostrar un cambio de enfoque trascendental, pretende ir mucho más allá de las tradicionales medidas de fomento a la construcción y adquisición de vivienda que se han venido aplicando hasta ahora y pretende transformar el mercado de la vivienda de la forma más estructural posible".