Esta agencia separará los ámbitos de decisión política de los de ejecución, el órgano de inspección y el de sanción, y facilitará el establecimiento de mecanismos de cooperación estable con la parte no transferida.

La Agencia Catalana de Trabajo cooperará con la Administración General del Estado para garantizar la eficacia de las tareas inspectoras en todas las materias del orden social, a través de convenios de colaboración u otros mecanismos.

En este sentido, existirá una base de datos integrada y unitaria del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que estará interconectada, además, con los registros y bases de datos de los organismos y entidades de las administraciones públicas.

Asimismo, la Agencia colaborará y dará apoyo técnico a la Administración de Justicia y la Fiscalía cuando sea necesario.

Se prevé una plantilla inicial de, aproximadamente, 400 personas entre inspectores de Trabajo y Seguridad Social, subinspectores de Ocupación y Seguridad Social, así como el personal de administración y servicios, que ahora depende de la Administración General del Estado.