Concretamente, el Gobierno aprobó, a petición de los departamentos de la Presidencia y de Relaciones Institucionales y Participación, comparecer ante el Tribunal Constitucional para formular alegaciones en defensa de la constitucionalidad de la ley catalana dentro del plazo de los quince días que prevé la legislación.

El Alto Tribunal tiene un plazo máximo de cinco meses para decidir si mantiene la suspensión de los artículos impugnados de la ley catalana hasta el momento de dictar sentencia, o bien si opta por permitir su aplicación, tal y como reclamará el Gobierno de la Generalitat, especialmente en aquellos artículos que considera que no tienen relevancia constitucional, según señaló en una nota.

El recurso no impide que las negociaciones entre Gobierno y Estado para ajustar la Ley catalana a la normativa legislativa se mantengan hasta llegar a un acuerdo.

Con anterioridad al planteamiento del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno estatal contra la ley catalana, el Gobierno de la Generalitat abrió un proceso de negociaciones en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Generalitat de Catalunya, dirigido a resolver las discrepancias competenciales con el Estado y ajustar la ley audiovisual catalana a la legislación vigente.

Aun cuando el proceso negociador no ha permitido lograr un acuerdo antes del fin del plazo legal para presentar el recurso, esto no es impedimento, según la Generalitat, para que las negociaciones entre Gobierno y Estado continúen su curso a fin de llegar a un acuerdo que permita la solución política y extraprocesal de esta cuestión.