En ambos casos, el Ejecutivo que preside Pasqual Maragall entiende en materia de asistencia social, la Generalitat y otras comunidades autónomas han asumido una competencia exclusiva, mientras que la Constitución no ha reservado ninguna competencia al Estado.

Además, a juicio de la Generalitat, el Tribunal Constitucional ha establecido que el Estado no dispone de un poder de subvención al margen del sistema de distribución de competencias y, por lo tanto, en las materias como la asistencia social, el Estado puede dotar presupuestariamente subvenciones y determinar su destino de manera genérica o global, pero debe territorializar la dotación presupuestaria por comunidades autónomas.

Y debe hacerlo, según la Administración catalana, en funció de criterios objetivos de reparto acordados conjuntamente, y transferir a cada comunidad la cuantía global correspondiente con el fin de que cada una establezca la regulación normativa de las subvenciones y las conceda, según informó en una nota.