De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo a 1 de junio de 1997, la Seguridad Social paga 7.274.555 pensiones, de las que 1.278.197 van a parar a Cataluña, 1.134.676 a Andalucía, 743.213 a Madrid, 704.052 a Valencia, 643.813 a Galicia, 549.423 a Castilla y León, 405.799 al País Vasco, y el resto a otras regiones.

Además, la pensión media cobrada en Caaluña está por encima de la media nacional, 71.086 frente a 69.402 pesetas, por lo que cualquier fórmula para condicionar al nivel de ingresos el pago de las recetas perjudicaría más que proporcionalmente a los pensionistas catalanes.

En cuanto al porcentaje de los pensionistas que tendrían que pagar por las recetas si se fija un límite de ingresos, las regiones más perjudicadas serían Asturias y el País Vasco, en donde se perciben las prestaciones más altas.

Pero en cifras absolutas siempre serí en Cataluña donde habría más pensionistas afectados por la medida, como consecuencia de la señalada circunstancia de que tiene, con gran diferencia, el mayor número de titulares de prestaciones de la Seguridad Social.

En todo caso, hacer pagar las recetas a los pensionistas que ganan más de 100.000 pesetas mensuales, algo que el Gobierno ha desmentido, aunque el diputado de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre ha insistido en que sería justo porque hay trabajadores que ganan menos que algunos segmntos de pensionistas, sólo afectaría al 20 por cien de quienes superen esa renta.

Eso es así porque quedarían eximidos los enfermos crónicos, algo en lo que están de acuerdo incluso los defensores de la iniciativa, y suponen el 80 por ciento del total, según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

Su portavoz, Marciano Sánchez, manifestó a Servimedia que, por esa razón, imponer el pago de las recetas a los pensionistas que ganen más de 100.000 pesetas al mes sólo podría entenderse coo un primer paso para extender posteriormente la medida a todo el colectivo.