Sólo el 14,8 por ciento piensa que la política lingüística es negativa y el 23,3 por cientodeclara que no es ni positiva ni negativa.

Los porcentajes varían algo en relación a la polémica Ley de Política Lingüística aprobada en 1998. En este caso es el 46,4 por ciento de los catalanes los que la aprueban y el 12,6 por ciento los que la rechazan. Los indecisos siguen rodando el 23 por ciento.

Más polémico parece resultar el decreto de las cuotas en el cine, del que se declaran partidarios el 43,5 por ciento y contrarios el 24,1 por ciento. En el decreto de cuotas en radio los partidario suben al 56,2 por ciento y los contrarios suman un 9 por ciento.

Por sectores, la encuesta revela que los catalanes consideran insuficiente la presencia del catalán en el etiquetado de los productos comerciales (55,3 por ciento), la rotulación de los comercios (38,6 por ciento), la publicidad en carretera (36,1 por ciento) y los juzgados (35 por ciento).

En cambio, los que consideran excesiva la presencia del catalán no pasan nunca del 8 por ciento. Son el 7,1 por ciento en el caso de la sanidad el 6,9 por ciento en cajas y entidades bancarias, el 5,7 en la publicidad de carretera y el 5 por ciento en la rotulación de los comercios y la Administración de Hacienda.

En términos generales la gran mayoría de los consultados en esta encuesta cree suficiente la presencia del catalán en las distintas facetas de la vida diaria, porcentaje que no se ha tenido en cuenta a la hora de contabilizar los contentos y a los descontentos.

En materia lingüística, los partidos tienen distintas propuetas. CU quiere fomentar el uso y conocimiento del catalán e impulsar su uso en medios de comunicación, industrias, cultura, cine y mundo del derecho y además se compromete en su programa a impulsar el aranés.

El PSC quiere políticas concertadas por las distintas comunidades autónomas en materia de lengua y busca una nueva percepción del castellano en las comunidades con lengua propia que reconozca su valor como mecanismo de competencia internacional.

El PP defiende el uso de las dos lenguas oficiales idistintamente en la administración. Quiere que las ayudas a las producciones culturales también lleguen a las que se hacen en castellano, más dinero para comprar libros en catalán y aranés destinados a bibliotecas públicas y eliminar la discriminación por razón de lengua en las ayudas a cantantes.

ERC desea la aplicación de la Ley de Política Lingüística en un plazo de no más de dos años, que el catalán sea la lengua normal de la Administración y que todo el personal tenga la obligación de conocer losdos idiomas. Además pide la firma de un tratado con el resto de los gobiernos de comunidades autónomas que hablan catalán.

IC pide que se acabe con los obstáculos que impiden una plena ingualdad de castellano y catalán en la Administración, el desarrollo normativo de la Ley de Política Lingüística en la próxima legislatura y las actuaciones precisas para conseguir el reconocimiento de la pluralidad lingüística del Estado.