El tribunal reconoce el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en la lengua de su elección, aunque rechaza que los alumnos sean escolarizados exclusivamente en castellano y en aulas separadas.

En el auto, la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña advierte a la Generalitat que el incumplimiento de la escolrización en la lengua habitual supone una vulneración de los artículos 14 y 27 de la Constitución.

Este fallo, consecuencia del recurso presentado por un grupo de padres contrarios a la inmersión lingüística en catalán y representados por el abogado Esteban Gómez Rovira, asegura que el legislador, al impulsar el sistema de inmersión, no impone ninguna segregación por razones lingüísticas, y que su finalidad es favorecer la convivencia y la paz social en la comunidad bilingüe.

Según la sala, este istema de bilingüismo total no provoca ni una minusvaloración del castellano ni una sobrevaloración del catalán.

Los magistrados consideran que la Administración catalana, en determinados casos de algunos menores de 7 años, vulneró el derecho fundamental a la educación al incumplir este precepto. No obstante, reconoce que desde diciembre pasado, la Generalitat ya da una atención individualizada a esos niños cuyos padres quieren la enseñanza en castellano.