El parlamentario popular dijo que él no cuestiona ni critica la afirmación del Tribunal Supremo de que esa norma viola los derechos fundamentales, pero precisó que "ese no es el problema".

El problema radica, según Ruiz-Gallardón, en que la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, aprobada por consenso parlamentario hace más de 10 años, no s aplica y no garantiza los derechos de los ciudadanos que viven en esa nacionalidad a recibir enseñanza en la lengua elegida.

Por esta razón, con independencia de la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional, una de ellas ratificar la constitucionalidad de la norma lingüística, el líder del PP afirmó que el problema persistirá si Pujol la aplica como hasta ahora.