El decreto regula los niveles de conocimiento de la lenga catalana que serán exigidos en función del puesto de trabajo que vaya a ocuparse. Su aprobación deriva de la modificación del artículo 45 de la Ley de la Función Pública de Baleares, aprobado por el Parlamento regional en el último periodo de sesiones.

En dicho artículo se establecía por primera vez en el archipiélago que el catalán pasaba a ser requisito, y no mérito como hasta ahora, para ocupar un puesto de trabajo en la administración balear.

La modificación de la ley fue auspiciada por el x presidente autonómico Cristòfol Soler, como una de las medidas más significativas para impulsar el uso del catalán propio de Baleares en todos los ámbitos de la vida social.

El decreto obliga a que en los puestos de trabajo en los que se exiga la titulación superior o una diplomatura deba superarse un examen de conocimientos orales y escritos elementales del catalán. En el caso de requerirse el bachillerato superior, la formación profesional o la EGB deberá acreditarse tan sólo un conocimiento oral e la lengua catalana, cooficial en el archipiélago con el castellano.

El grupo nacionalista con representación en el Parlamento Regional Partit Socialista de Mallorca (PSM) ha presentado una proposición no de ley que eleva los requisitos aprobados por el Gobierno Balear, calificando el decreto aprobado como "un paso atrás" respecto a la política lingüística auspiciada por Soler. Una política que motivó en parte su dimisión.

El Director General de Personal de la Consejería de la Función Pública baear, José Ramón Ahicart, aseguró a Servimedia que el decreto es "prudente y suave para no provocar confrontación". Ahicart no descartó que en un futuro el grado de conocimiento del catalán exigido sea mayor.