Este acuerdo administrativo, que suscribió el secretario del Tribunal de Justicia, Roger Grass, permitirá a los ciudadanos dirigirse al Tribunal de Justicia en cualquiera de las lenguas cooficiales en España y recibir respuesta en la misma lengua.

España es el primer país de la Unión Europea que firma un memorando de este tipo con el Tribunal de Justicia, según destacaron desde la Secretaría de Estado que dirige López Garrido.

El acuerdo se enmarca en el proceso iniciado por el Gobierno español para facilitar el acceso a las instituciones comunitarias y es el propio Gobierno quien asume los costes derivados de estos acuerdos.

López Garrido resaltó que "el acuerdo supone un paso muy importante para acercar el Tribunal de Justicia a los ciudadanos, al permitirles plantear sus cuestiones en la lengua oficial en su Comunidad Autónoma" y que supone "una demostración de la voluntad y del compromiso del Gobierno español con las comunidades autónomas que tienen una lengua propia, con el fin de darles voz en las instituciones de la Unión Europea".

El primer acuerdo administrativo firmado por el Gobierno español con una institución comunitaria data del 7 de noviembre de 2005 con el Consejo.

Ese mismo año, le siguieron sendos documentos con el Comité de las Regiones y la Comisión Europea. En 2006, se amplió al Comité Económico y Social Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo. Asimismo, la mesa del Parlamento Europeo adoptó un acuerdo el 3 de julio de 2006 para permitir el empleo de las lenguas oficiales españolas en sus comunicaciones con los ciudadanos.

Los memorandos ratificados con el Consejo y el Comité de las Regiones también permiten que los representantes autonómicos con lengua propia distinta al castellano puedan utilizarla en las reuniones en las que participan.