En una resolución con fecha de ayer, el Alto Tribunal decide, asimismo, dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y al Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña a través de sus respetivos presidentes.

También acuerda comunica dichas actuaciones al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y al fiscal general del Estado, con el fin de que en el plazo improrrogable de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

En un auto hecho público el pasado 16 de febrero, el Tribunal Supremo acordó plantear la cuestión de inconstitucionalidad, al entender que algunos preceptos de la "Ley del Catalán" podían vulnerar los Derechos Humanos y que eran contrarios a 14 artículos de la Cara Magna.

El Alto Tribunal razonó su decisión en que "no existe el deber de conocer las lenguas oficiales distintas a la oficial del Estado" y que "los padres y eventualmente los hijos tienen un derecho constitucional a elegir, en cualquier etapa educativa, en qué lengua de las dos oficiales desean ser enseñados".