Castro calificó el texto legal como "el primer intento serio" que se hace en España para garantizar la igualdad real de oportunidades a los habitantes de las zonas rurales españolas.

La norma garantiza el acceso a servicios públicos de calidad y un nivel de bienestar equiparable al resto de la población. Del mismo modo, incluye medidas para ampliar la base económica del medio rural, mediante el fomento de la actividad económica diversificada, manteniendo los sectores agrícola, ganadero, forestal y pesca.

A éstas, hay que añadir otras medidas específicas para mantener y promover el empleo, que incluyen actuaciones concretas de apoyo y formación, especialmente a los jóvenes y a las mujeres.

Para ello es imprescindible, tal como recoge la ley, el compromiso de los poderes públicos de dotar a estos municipios de las infraestructuras y los equipamientos públicos básicos necesarios, sobre todo en transportes, energía, agua y telecomunicaciones.

El presidente de la FEMP destacó el papel esencial que van a tener los gobiernos locales en el éxito de esta Ley, ya que serán los promotores y dinamizadores del desarrollo económico sostenible y los garantes del mantenimiento y la recuperación del patrimonio y los recursos naturales y culturales, fijados como uno de los objetivos principales de la Ley.

En este sentido, afirmó que la FEMP velará y exigirá el cumplimiento de los compromisos incluidos en el texto, tanto los que afectan a la administración general del Estado como a los de las comunidades autónomas.