Las autoridades gubernativas justifican la prohibición en los artículos 150 y 160 del Código Penal, que aluden a la imposibilidad de realizar manifestaciones en los alrededores de las Cortes, Consejo de Ministros y asambleas legislativas de comunidades autónomas, porque este tipo de concentraciones supondrían una coacción para el normal funionamiento de estos organismos.

El presidente de la FRAVM, Prisciliano Castro, declaró a Servimedia que la decisión de la Delegación del Gobierno le parece "vergonzosa, lamentable e injustificada", al tiempo que acusó a Segismundo Crespo de falta de sensibilidad social.

Tras recordar que en anteriores ocasiones, como en el conflicto del gas, sí se han celebrado manifestaciones de vecinos frente a los organismos autónomos, a pesar de que estuvieran reunidos en asamblea, Castro confirmó que la maniestación se mantendrá para mañana.

"Lo que no vamos a hacer", añadió, "es manifestarnos a las doce de la noche, cuando no haya parlamentarios en la Asamblea. Precisamente convocamos la concentración para las once de la mañana, coincidiendo con el debate, con el fin de presionar a los diputados para que se conciencien del problema de la droga y la marginación, y tomen medidas".

El dirigente vecinal criticó a Segismundo Crespo por prohibir actos de este tipo y tolerar sin embargo la paralización deobras legales para realojar a familias gitanas (en alusión al conflicto planteado en Villaverde, en el que la federación no comparte la actitud de protesta de los vecinos).

"GITANODROMOS Y PUTODROMOS"

Castro aseguró, en tono irónico, que el delagado del Gobierno es incapaz de solucionar los problemas que tiene planteados. "Es partidario del 'manifestódromo', del 'putódromo' y del 'gitanódromo', porque es incapaz de tomar otras soluciones más eficaces", concluyó.

Por su parte, Félix Gallego, jee del Gabinete de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno, declaró a Servimedia que si la FRAVM decide continuar con la concentración "se tomarán las medidas normales ante una manifestación ilegal y, desde luego, no se va a autorizar una concentración de estas características".

Gallego insistió en que con la prohibición no se trata de aplicar un formulismo legal, sino que lo único que se pretende es cumplir lo establecido en el Código Penal.

Asimismo, advirtió a los convocantes de la maifestación que, además de ser objeto de las correspondientes sanciones administrativas, si continúan con la concentración pueden incurrir en un delito, "por lo que el tema es más grave de lo que parece", indicó.