Según declaró Valriberas a Servimedia, la castración química obligatoria para pederastas atentaría en concreto contra el artículo 15 de la Constitución Española, que establece el derecho fundamental a la integridad física.

Por otra parte, el registro público de este tipo de delincuentes vulneraría el artículo 18 de la Carta Magna, que protege el derecho a la intimidad. No obstante, apuntó que, en su opinión, un registro específico de acceso restringido a profesionales policiales y judiciales cabría en la legislación española.

Por otra parte, Isabel Valriberas señaló que, habida cuenta de que las penas privativas de libertad para este tipo de delitos "no son muy altas", en su opinión no sólo deberían endurecerse, sino también estipularse el cumplimiento íntegro de las mismas, respetando el tiempo máximo que un preso puede estar en prisión.

Asimismo, indicó que la pena de prisión es un castigo que, para algunos delitos, "no es suficiente", por lo que habría que estudiar qué medidas de seguridad imponer a los condenados por pederastia una vez quedan en libertad, como estar localizados permanentemente y obligarles a seguir un tratamiento psicológico.

Para Isabel Valriberas, es necesario que haya una especialización de la justicia para que estos asuntos, al igual que en el caso de los malos tratos, tengan un "tratamiento especial", a través, por ejemplo, de una fiscalía especial para este tipo de delitos.

Además, apuntó que es importante que se agilice la burocracia a la hora de ejecutar la sentencia contra un pederasta, en lugar de darle a todas las condenas el mismo trámite, para que el cumplimiento de la pena "sea lo más inmediato posible", porque "no es lo mismo un hurto que un delito de abuso sexual de menores".