En los pasillos del Senado, Del Castillo dudó además de la legalidad de una medida como ésta, en el supuesto de que las fuerzas de izquierda de la Comunidad de Madrid se plantearan sacarla adelante tras las elecciones autonómicas.

Subrayó que la nseñanza concertada "tiene un estatuto de reconocimiento, legalidad y legitimidad que no se puede quitar de enmedio".

"No hay que ir a una política de enfrentamiento entre enseñanza públicamente gestionada y otra privadamente gestionada", añadió. "Ambos tipos son enseñanza sostenida con fondos públicos y constituyen la red pública de enseñanza en España".

A su juicio, reproducir enfrentamientos "de antaño" de este tipo sería un "error extraordinario" y dañaría los intereses de alumnos, familias ydel conjunto de la sociedad". No obstante, apeló al "sentido común" de los nuevos gestores de la educación madrileña.

En cuanto al informe del Defensor del Pueblo que alerta sobre la concentración de alumnos extranjeros en determinados centros públicos, la ministra defendió a las comunidades autónomas que son quienes gestionan la distribución de los estudiantes.

"Estoy segura de que procuran hacerlo atendiendo al máximo equilibrio y a las máximas posibilidades para que los alumnos tengan las mejoes condiciones posibles", indicó.