La nueva normativa, que fue publicada en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha" el pasado día 20, se fija como objetivo que los discapacitados lleguen a representar el 2% del personal total de la Junta de Comunidades.

Losaspirantes podrán solicitar la adaptación y la adecuación de tiempo y de medios materiales en la realización de pruebas selectivas o del periodo de prácticas.

Además, la Administración castellano-manchega podrá crear puestos "singulares" reservados para personas con un grado de discapacidad psíquica superior al 25%, así como para personas con otro tipo de minusvalías que superen el grado del 45%.

El acceso de estas personas se efectuará mediante un turno separado e independiente del correspondiene a la oferta de empleo público. Quienes accedan por este turno no podrán desempeñar puestos que no hayan sido calificados como de adscripción exclusiva para discapacitados.

Los empleados públicos con alguna discapacidad podrán solicitar la adaptación a su caso de su puesto de trabajo, siempre que esto no suponga una modificación "exorbitante" o que no sea incompatible con el contenido de su función profesional.

La modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública entró en vigor a partirde ayer, día 21. Esta normativa supera la reserva de puestos de trabajo para discapacitados dispuesta en la normativa estatal, que establece un porcentaje del 3% para la oferta pública de empleo.