En dicho documento se expone de forma razonada los argumentos del Gobierno de Castilla-La Mancha contrarios a una derivación de agua para regadío. Díaz-Cano recordó en rueda de prensa que se pide, fundamentalmente, "prudencia, porque podemos encontrarnos en el inicio de un ciclo de sequía, y es conveniente ser muy cautos para no poner en peligro futuros trasvases para consumo humano".

Para el consejero, "un Gobierno debe ponerse en el peor escenario posible, porque los daños en la agricultura se pueden paliar con otro tipo de medidas, dirigidas a compensar la pérdida de renta; pero la falta de agua para beber no se puede sustituir con medidas económicas. O hay agua para beber, o no la hay, y esa es la prioridad absoluta que debe tener el Gobierno de España".

En el citado dossier se ha incluido el informe realizado por el Centro Regional de Estudios del Agua y la Universidad de Castilla-La Mancha que señala la existencia de cerca de 70.000 hectáreas de regadío no reconocidas oficialmente en Murcia y de 14.000 balsas de agua en la cuenca del Segura que permitirían hacer los riegos de salvamento sin necesidad de acudir al trasvase.

Por otra parte, contestó las acusaciones del Gobierno de Murcia sobre la presunta "falta de rigor" de dicho informe, manifestando que "probablemente obedezcan a que no conocen en profundidad el documento, porque si lo conocieran cambiarían de opinión. Es un informe hecho con mucho rigor, cuyos datos convendría corroborar por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura y del propio Gobierno de Murcia".

Sobre las críticas del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, en relación con la utilización de helicópteros para conocer el uso del agua en esa comunidad, el consejero señaló"que se trata de una polémica estéril, no hay espionaje, se trata de estar bien informado como es la obligación de un Gobierno para tomar una decisión correcta".

En este sentido, subrayó que el Gobierno castellano-manchego está haciendo lo que corresponde. "Claro que está presionando", indicó, "pero de una manera legítima, legal y democrática, en defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de los ciudadanos del sudeste español que dependen del trasvase para abastecerse".