Según informa la Junta, la Consejería de Educación, que respeta todas las decisiones judiciales, recurrirá este auto porque no está de acuerdo con los términos en que se produce, al no compartir la urgencia alegada en el mismo.

La Administración regional insistió en que Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos comenzará a impartirse con normalidad en las aulas de la región este curso 2008-2009 en 2º de ESO y siguió defendiendo el valor de la misma como herramienta fundamental para la formación integral del alumnado.

Además, recordó que Castilla-La Mancha impartirá esta materia porque así lo establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), una norma que está avalada por mayoría absoluta en el Congreso, que no fue recurrida por ningún grupo parlamentario y cuyos contenidos recibieron el dictamen favorable del Consejo de Estado.

El Gobierno castellanomanchego añadió que la asignatura cuenta con el aval inicial del Consejo de Europa, que emitió una recomendación a los estados miembros en el año 2002 instándoles a "hacer de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y sus reformas".

Educación expresó su respeto a la decisión de las familias de acudir a los cauces legales que consideren oportunos, aunque señaló que la objeción de conciencia a cursar esta asignatura no deriva directamente de la Constitución y ni está prevista en la LOE ni reconocida en ninguna otra norma del ordenamiento jurídico vigente.

Asimismo, apuntó que, mientras el Tribunal Supremo o el Constitucional no se pronuncien al respecto, la asignatura es una más del currículo escolar y no cursarla supone ir en contra de la ley.