El consejero manchego de Educación y Ciencia, José Valverde, presentó hoy ante los medios de comunicación esta herramienta con la que se quiere dar respuesta a la necesidad de disponer de un instrumento eficaz con el que poder actuar ante estos procesos y con el que se quiere reforzar la capacidad de actuación de los directores, lograr una mayor seguridad y eficacia en las acciones del profesorado, y dar más tranquilidad a las familias, reforzando su colaboración con los centros.

Valverde indicó que gracias al Protocolo, los docentes y los centros van a disponer de unas orientaciones claras sobre los pasos que tienen que dar cuando se produzcan situaciones de acoso o maltrato.

Además, en él se especifican los procedimientos necesarios para identificarlas, para adoptar medidas inmediatas, para que el centro pueda intervenir de forma coordinada con los apoyos externos y para registrar y notificar las actuaciones emprendidas. Todo ello, garantizando el carácter confidencial que requieren las actuaciones con menores.

En este sentido, dijo, "su aplicación va a suponer que exista una mayor seguridad y eficacia en las actuaciones que se lleven a cabo en los centros en relación a estos problemas y, por lo tanto, una mayor tranquilidad para las familias".

El Protocolo contempla una serie de actuaciones ante estos casos que, fundamentalmente, se centran en proteger a la víctima, tomar medidas cautelares dirigidas a los presuntos agresores e informar a las familias.

Así, ante el conocimiento de cualquier situación de acoso o maltrato, cualquier miembro de la comunidad educativa lo comunicará al equipo directivo que, inmediatamente, creará un grupo de trabajo que propondrá las medidas para proteger a la víctima del maltrato.

También, de forma cautelar, se adoptarán las primeras acciones dirigidas a los presuntos alumnos agresores. De todo ello se informará mediante entrevistas a las familias, y por escrito, a la inspección educativa.

TRATO INDIVIDUAL

Una vez recabada la información necesaria a través de compañeros, familias, profesores y personal no docente se elaborará un plan de actuación con medidas que garanticen el tratamiento individualizado, tanto para los alumnos agredidos como para los presuntos agresores.

Para las víctimas se podrá decidir una protección expresa, programas de apoyo o su derivación para que reciba un tratamiento especializado por parte de los servicios sociales. Y a los agresores, además de las sanciones previstas en los Reglamentos de Régimen Interior, se les podrán aplicar las medidas de apoyo que se consideren necesarias.

Valverde señaló que, dependiendo de la gravedad y de la eficacia de las medidas adoptadas, está prevista también la posibilidad de la derivación de estas actuaciones a la Fiscalía de Menores y a los Servicios de Protección de Menores.