Lamata realizó estas declaraciones tras su asistencia en Madrid a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema de Autonomía y Ayuda a la Dependencia, presidida por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

Así, según fuentes del Ejecutivo regional, recalcó que el ritmo de aplicación de la ley es razonable en Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta el desarrollo que han tenido otras normas de la misma envergadura en cuanto a derechos sociales como han sido las leyes de la sanidad, educación o seguridad social.

Según el consejero, en el último año se han incorporado unas 15.000 personas beneficiarias de las distintas prestaciones que ofrece este nuevo derecho social.

En ese sentido, señaló que en Castilla-La Mancha se cumple con los cuatro pilares básicos del Estado del Bienestar: asistencia sanitaria garantizada, educación gratuita de calidad, sistema de pensiones con complemento para las pagas más bajas y la atención a la dependencia.

"Para el presidente Barreda las políticas sociales son una prioridad absoluta de su Gobierno y este compromiso se refleja con el buen desarrollo que se está haciendo en Castilla-La Mancha de la ley de dependencia", dijo.

También, el responsable de las políticas sociales de la región indicó que es muy importante el consenso entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España para la aplicación adecuada de la ley, "que vayan todas las administraciones, que colaboren y dejen al lado las diferencias ideológicas".

Asimismo, el consejero planteó otras iniciativas para acelerar el desarrollo de la Ley de Dependencia como mejorar la gestión de este nuevo derecho social; actualizar los baremos para la concesión de las prestaciones recogidas en la ley; o reforzar la coordinación de los servicios sociales y sanitarios.