En una nota, Ortega reiteró la solidaridad de Castilla-La Mancha en cuanto al envío de 35 hectómetros cúbicos para consumo humano, como acordó la Comisión del Trasvase, si bien exigió que se realice un "control riguroso" que asegure que los recursos se destinan a usos esenciales de abastecimiento a poblaciones.

A la vez, urgió al Ministerio de Medio Ambiente a poner en marcha medidas de ahorro, así como posibles restricciones, y la puesta en funcionamiento de fuentes alternativas de suministro, como las desaladoras.

Para Castilla-La Mancha, la propuesta de los representantes del Gobierno y los regantes murcianos de derivaciones para regadío pone en riesgo el abastecimiento futuro del Levante español, ya que los embalses de cabecera se encuentran en una situación semejante a la del año anterior, por debajo de 300 hectómetros cúbicos, apenas 60 por encima del límite legal que impide cualquier trasvase, incluso para abastecimiento.