Con la eliminación de este trámite, que hasta ahora se consideraba optativo en la actual ley de contratos como paso previo a la presentación de las ofertas, se reducirá el coste financiero de las empresas para los concursos de obra pública, ya que no tendrán que adelantar dinero como garantía para poder participar, lo que supondrá que más empresas podrán optar a estos concursos.

Esta medida supondrá también un ahorro para la Administración, ya que la reducción de los trámites conlleva una reducción del gasto en tiempo y recursos propios.

De esta forma, también se impulsarán los índices de licitación Castilla-La Mancha, que según el último informe de Seopán asciende a 880 millones de euros en edificación y obra civil.