El Ejecutivo de José Bono cree que el ministerio ha llevado a cabo unas negociaciones para alcanzar este acuerdo con ls empresarios "cuya característica más llamativa es el oscurantismo", según señaló en un comunicado.

"A pesar de que las Cortes Generales indican la obligación de discutir estos asuntos con las comunidades autónomas, la ministra ha actuado como presidenta de un foro de debate al que no ha consultado ni informado hasta que el acuerdo ha estado firmado", agregó la nota.

Por ello, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha está estudiando la posibilidad de recurrir el acuerdo "por la falta de leitimación y autorización" con las que ha sido suscrito.

El Gobierno de Bono sostiene que el acuerdo puede comprometer la capacidad de su comunidad en vísperas de recibir las transferencias sanitarias, y en sus políticas de uso racional del medicamento y moderación del gasto farmacéutico, "cargando sobre el Sistema Nacional de Salud un excesivo estímulo del gasto en beneficio de la industria farmacéutica".