En este sentido, Díaz-Cano indicó que "se trata de tomar decisiones prudentes y sensatas que eviten poner en riesgo futuras transferencias de agua para beber en el sureste español, en la cuenca del Tajo y en Castilla-La Mancha".

Así, el consejero de Presidencia resaltó que "a juicio del Gobierno regional habría que actuar como si no fuera a llover en mucho tiempo, ya que se trata de administrar un recurso que es vital para el abastecimiento a los ciudadanos".

"Lo que no tiene sustitución es la falta de agua para beber y ese debe ser el objetivo principal por el que debe velar el Gobierno central", añadió el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, quien dijo que "el río Tajo es un río al que hay que cuidar, y que hay que cumplir unas previsiones legales como el caudal mínimo de este recurso a su paso por Aranjuez, que durante diez días del último mes no ha llegado ni siquiera a los 6 metros cúbicos por segundo".

Máximo Díaz-Cano se refirió al acuerdo adoptado ayer por la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura que decidió elevar la decisión sobre un nuevo trasvase al Consejo de Ministros y destacó que en este acuerdo se "constata que el sistema se encuentra en una situación hidrológica excepcional".

Igualmente, el consejero de Presidencia indicó que "se establece que el volumen trasvasado no reducirá las reservas en Entrepeñas y Buendía por debajo de los 240 hectómetros cúbicos y que el trasvase debe satisfacer prioritariamente las necesidades de agua de los abastecimientos urbanos sin sobrepasar el máximo legal anual fijado".

A este respecto, Díaz-Cano puso de manifiesto que la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se ha convertido en un órgano anacrónico que no responde a la realidad política de la España de las autonomías.

Asimismo, indicó que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se aboga por una reforma en profundidad de estos órganos de gestión del agua para que las comunidades autónomas puedan tener voz y voto en la toma de decisiones que afectan "a los intereses de nuestros ciudadanos y a los asuntos en los que tenemos competencias plenas, tal y como está establecido en el Estatuto de Autonomía".