La consejera demandó este incremento para el próximo ejercicio "por razones de sentido común, ya que estamos en un momento de recesión económica donde la caída de los ingresos para las administraciones públicas es muy importante".

Además, explicó, las comunidades autónomas son responsables de la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos, que en el caso de Castilla-La Mancha cuentan además con el compromiso del presidente Barreda para el mantenimiento de los niveles de calidad en el área educativa, de sanidad y servicios sociales.

Aunque la propuesta del Ministerio era permitir a las comunidades autónomas un déficit de hasta el 2 por ciento, la mayoría se opuso consiguiendo finalmente alcanzar el 2,5 por ciento respecto del PIB, más un 0,25 destinado a la financiación de inversiones productivas.

El motivo de este incremento, explicó Araújo, tiene su explicación en la necesidad de hacer frente a propuestas, que en tiempos de crisis como éste, minimicen el impacto de la misma sobre los ciudadanos y se adopten medidas encaminadas a reactivar y fortalecer la economía mediante la utilización del presupuesto público.

"Eso es posible hacerlo contando con el margen de déficit que además permiten los acuerdos que alcanzó España con el resto de socios de la zona euro o lo que figura en la propia ley de estabilidad presupuestaria donde se llega al 3% del PIB", concluyó la vicepresidenta.