La titular de la consejería, Mercedes Gómez, consiera que el borrador de anteproyecto, en el caso de aprobarse con su redacción actual, "sería una ley inconstitucional porque no respeta el sistema de autonomía y de distribución de competencias de la Constitución Española, ya que atribuye al Estado facultades propias de la Junta de Comunidades, como la coordinación general de la agricultura y la fijación de la política general en esta materia".

A juicio de Mercedes Gómez, "el Ministerio de Agricultura pretende invadir las competencias de las autonomía porque la aprobación de esta norma vaciaría de contenido las potestades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la ordenación del sector agrario".

Su valoración se basa en que el anteproyecto del Gobierno central realiza una nueva distribución de funciones entre administraciones en materia de agricultura, con lo que obvia que se trata de una competencia exclusiva reconocida por los estatutos de autonomía.

Estas objeciones quedan recogidas en las alegaciones enviadas hoy por el departmento regional al Ministerio de Agricultura, que presentó el borrador del anteproyecto normativo en pleno mes de agosto y con un corto plazo de tiempo, que finaliza hoy, para que las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias hicieran llegar sus valoraciones.

Asimismo, las alegaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha recogen que el Ministerio de Agricultura valora exclusivamente la rentabilidad económica de la actividad agraria, sin tener en cuenta funciones sociales que el mercado no garaniza, como la vertebración del espacio, la preservación del mundo rural, la conservación del medio ambiente y la garantía de productos sanos y de calidad.

Gómez señala que "el anteproyecto fija unas condiciones para la concesión de ayudas que olvidan objetivos prioritarios como el apoyo a las explotaciones situadas en zonas desfavorecidas y a los titulares que tengan en la actividad agraria su principal fuente de ingresos". Según la consejera, "se olvida de fomentar la empresa agraria familiar, la incoporación de jóvenes y mujeres y la protección del medio ambiente a la que contribuye la actividad.

Para la consejera de Agricultura, "las políticas agrarias deben diseñarse para favorecer más a quienes más lo necesitan y a quienes más aporten en términos ambientales y socioculturales, mientras que con este proyecto normativo del Gobierno central sólo se valoran las explotaciones desde el punto de vista económico, sin considerarlo como un bien social en sí mismo y con gran importancia en la conservació del tejido social y económico de las zonas rurales".

Como conclusión, Mercedes Gómez afirma que "el modelo del Gobierno central es opuesto al del Gobierno de Castilla-La Mancha, que cree que los incentivos públicos deben concentrarse en los agricultores profesionales y en las explotaciones familiares para evitar la despoblación de los núcleos rurales y no en quienes buscan en el campo una simple vía para obtener subvenciones .