Mañas destacó la colaboración que durante este primer año de vigencia de la ley ha existido entre los jueces y fiscales de menores y la Consejería de Bienestar Social, para la puesta en marcha de las medidas que se han aplicado a los chcos y chicas afectados por la ley.

Esta cooperación ha permitido salvar "la poca colaboración prestada por la Administración central", según el titular de Bienestar Social, quien destacó que durante el año 2001 "la cantidad aportada por el Gobierno de España fue sólo de 151.650 euros (25,2 millones de pesetas), un 1,4% de la cantidad dedicada por la consejería, que ascendió a 10.922.208 euros (1.817 millones de pesetas)".

Para Tomás Mañas, las afirmaciones iniciales del Gobierno central sobre la otación de inversiones suficientes a las comunidades autónomas para el desarrollo de la ley no se han cumplido, dado que finalmente ha supuesto un traspaso encubierto de competencias que, sin embargo, no ha llegado respaldado por los medios económicos y humanos necesarios para su puesta en práctica.