Se trata de regular el derecho que asiste a toda persona a decidir sobre las actuaciones sanitarias de que pueda ser objeto en el futuro en el supuesto de que, llegado el momento, no goce de la capacidad de consentir por sí misma.

En este sentido, su objeto no es otro que dar un trato especial al derecho de autonomía que asiste a los pacientes mediante un instrumento que se ha dado en llamar instrucciones previas o voluntades anticipadas.

Esta regulación vendría a mejorar la atención sanitaria a los ciudadanos en Castilla-La Mancha, dotando de instrumentos seguros a los profesionales sanitarios en situaciones concretas, según informó el gobierno regional.